Redaccion: Germán Darío Aguirre Franco
ESTIMADOS AMIGOS:
De ser adoptada la ley que prohíbe las corridas de toros, necesariamente y de acuerdo con el artículo cuarto de la misma, el Estado deberá implementar un plan de adaptación laboral con programas efectivos de reconversión económica y teniendo en cuenta que el artículo tercero prohíbe la actividad completa y de raíz sobre las actividades de corridas de toros y “los procedimientos utilizados en estos espectáculos, tanto en el ámbito público como en el privado”, es necesario llamar la atención sobre las consecuencias de esta decisión en el ámbito económico de los ganaderos de reses bravas y los enormes recursos públicos que deberá gestionar el Estado para cumplir con este proyecto de ley al prohibir una actividad LICITA y protegida por la ley.
Al prohibir la actividad y sus procedimientos, el ganadero tendrá que ser indemnizado por el Estado al suspender su LICITO sustento y capacidad de creación de valor. No es con un programa de adaptación laboral en el SENA y con los ministerios enunciados que se debe atender al ganadero cuya única acción frente a la prohibición absoluta es su salida inmediata de la actividad; esto debido principalmente a que tanto las fincas como los toros y estos últimos en especial, NO son objeto de reconversión. El toro de lidia y los procedimientos utilizados solo sirven para un único y exclusivo fin: la tauromaquia.
Trataremos de medir este costo para el Estado y los contribuyentes al aprobar el proyecto sobre tres aspectos: la tierra involucrada en las explotaciones dedicadas exclusivamente a la ganadería de lidia, los toros y el mantenimiento de los animales.
En Colombia existen lícitamente y con registros en el catastro y en el ICA, alrededor de 43 explotaciones ganaderas de reses de lidia, con varias locaciones a lo largo del país y con instalaciones especiales y únicas frente al objeto de explotación. Una plaza de tientas o un laboratorio de genética de reses bravas no sirven para la porcicultura, la ganadería de especies menores o el establecimiento de museos culturales. En esas 43 explotaciones hay involucradas alrededor de 20.000 hectáreas de tierra con un costo aproximado de 400 mil millones de pesos, sin contar con las locaciones especiales y con el uso posterior de las mismas, pues algunas quedan en territorios que con el cambio de uso o de dueño, deben ser únicamente tierras de protección ambiental.
Estas tierras están listas para su compra por parte del Estado pues no tienen problemas de titulación, tienes los papeles al día, son conocidas y objeto de derechos, son LICITAS y no provienen de ningún proceso judicial expropiatorio.
En esas explotaciones, pastan alrededor de 15.000 animales entre toros, vacas, caballos de diferentes edades y precios. No es lo mismo un ternero recién nacido que un semental probado para la tauromaquia y que tiene en su crianza, el conocimiento aplicado de años y años de genética para su bienestar en el marco de su función, que es única y NO es objeto de adaptación laboral ni de reconversión económica. Estos animales pueden tener un costo para el Estado de aproximadamente 250 a 300 mil millones de pesos.
Es decir, el Estado deberá destinar inmediatamente se apruebe la ley los fondos necesarios para estas compras y que suman aproximadamente 700 mil millones de pesos del erario para pagarle a los ganaderos, que NO lo están pidiendo, que NO son una población vulnerable, y que no son propiamente dichos, los más necesitados en la maltrecha economía rural. En esta economía rural colombiana, hay muchos sectores agrícolas con inmensas necesidades de ayudas estatales y sería injusto e inequitativo con ellos trasladar recursos para una actividad autosostenible y que no recibe ayuda de ninguna índole desde hace varios años por parte del Estado como es la ganadería de lidia.
Si no se asiste a un toricidio masivo y rápido por parte del nuevo dueño de corte animalista, esos 15 mil animales demandan que su nuevo dueño destine, adicionales a los recursos anotados, cerca de 15 mil millones de pesos anuales para el mantenimiento de estas reses, que de la vida promedio del ganado, estamos hablando de otros 300 mil millones de pesos en el horizonte de 20 años extinguiendo la raza, la historia y la cultura asociada a la actividad de la tauromaquia.
A esta suma, cercana al BILLON DE PESOS, falta sumar la anotada adaptación laboral, la reconversión económica a quienes pueden hacerlo distinto del toro y quieran cambiar su cultura, su libre desarrollo de la personalidad por la aprobación de la ley, las icónicas e históricas locaciones especiales en las ganaderías, llenas de historia y de valor, el conocimiento genético y de la especie que será guardado y olvidado al perder su valor histórico y de transmisión de genética y de conocimiento veterinario, y otros muchos otros costos en la implementación de la referida ley de prohibición.
Ante este panorama nos surgen las siguientes consideraciones e inquietudes:
Muchas gracias por su atención,
GERMAN DARIO AGUIRRE FRANCO
C.C. 7.555.792 de Armenia
JULIANA AGUIRRE RIVERA
C.C. 1053.834.699 de Manizales
