La Corte Constitucional ha admitido una demanda presentada por el gerente de Cormanizales, Dr. Juan Carlos Gómez Muñoz, contra la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. La demanda busca defender el derecho al trabajo de los toreros y novilleros, así como la propiedad privada de las plazas de toros. Además, se debate el impacto de la ley sobre la cultura taurina y su posible conflicto con los «derechos» de los animales. La Corte evaluará si la ley es proporcional y si afecta injustificadamente los derechos de los implicados en la tauromaquia.
Redacción: Héctor Esnever Garzón Mora- www.enelcallejon.co/ – Web Aliada
Arbeláez – Colombia. El mundo taurino, profundamente arraigado en las tradiciones culturales de Colombia, se encuentra nuevamente en una encrucijada legal que pone en juego su derecho a existir como una actividad legítima. La Corte Constitucional ha admitido una demanda contra la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, un paso fundamental para que se evalúe el impacto de esta normativa sobre los derechos fundamentales de los toreros, novilleros y promotores de los eventos taurinos. Este proceso se convierte en una defensa abierta de la tauromaquia como un sector legítimo dentro de la economía cultural, buscando la protección de la ley, la propiedad privada y, sobre todo, el respeto por las tradiciones culturales que han definido la identidad taurina colombiana.
La demanda fue presentada por el Dr. Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de la Corporación Cormanizales, quien coordina las actividades taurinas en la Feria de Manizales. El Dr. Gómez Muñoz, uno de los mayores defensores de la tauromaquia en Colombia, expone que la ley que prohíbe las corridas de toros crea vacíos legales que podrían ser explotados por autoridades locales y ministerios, afectando directamente a la tauromaquia. La ley, que entrará en vigor en tres años, tiene un impacto directo sobre el derecho al trabajo de los toreros y novilleros, quienes han hecho de este arte su proyecto de vida. El planteamiento del Congreso sobre la reconversión de los trabajadores taurinos no ha ofrecido una solución clara ni concreta, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de este sector y sus trabajadores.
En la demanda interpuesta, el Dr. Gómez Muñoz hace hincapié en que la ley no solo afecta a los toreros y novilleros, sino que también puede interferir en la propiedad privada de las plazas de toros. Los dueños y promotores de estos espacios, que han invertido grandes sumas de dinero en la construcción y el mantenimiento de estos recintos, se verían gravemente perjudicados si la ley lleva a la exclusión de las plazas de toros dentro de los programas de reconversión de propuestos por las autoridades. Es decir, la ley podría despojarles de la posibilidad de reconvertir sus propiedades a otros usos, lo cual afectaría directamente su inversión y sus derechos empresariales.
Este argumento, que hace referencia a la protección de la propiedad privada y la libertad de empresa, fue aceptado por la Corte, que ha decidido estudiar de manera profunda la afectación de estos derechos. Por su parte, los derechos de los toreros, novilleros y demás trabajadores del sector taurino serán evaluados bajo el principio de proporcionalidad, determinando si la ley que prohíbe las corridas de toros vulnera, de forma injustificada, el derecho al trabajo de los afectados.
Sin embargo, la Corte Constitucional también ha rechazado algunos de los cargos presentados por Dr. Gómez Muñoz, como el que argumentaba que la ley vulnera la protección de la diversidad cultural en Colombia. La Corte ha señalado que, a pesar de ser una práctica cultural históricamente valorada en varias regiones del país, el toreo ha dejado de ser visto como una actividad cultural que se alinea con principios constitucionales superiores, como la protección de los derechos de los animales. De esta forma, se abre una tensión entre los valores culturales y las nuevas percepciones sobre el bienestar animal, generando un debate que marcará el futuro de la tauromaquia en Colombia.
El camino hacia la resolución de esta demanda será largo y estará lleno de discusión y controversia. La Corte Constitucional deberá ponderar los argumentos presentados por los taurinos, en defensa de su derecho a trabajar y mantener sus tradiciones, con las preocupaciones de algunos sectores de la sociedad que exige el respeto por el «bienestar animal». Este caso, que pone en juego el futuro de la tauromaquia en el país, es una muestra de la lucha por el respeto a los derechos fundamentales como la libertad, el trabajo, la cultura y naturalmente la ley.
