En un contundente fallo, un juzgado de Montería ha declarado que el trámite del proyecto de ley para prohibir las corridas de toros en Colombia está viciado por un conflicto de competencias, lo que impide su avance hacia la sanción presidencial. Esta decisión protege los derechos constitucionales del gremio taurino y resalta irregularidades en el proceso legislativo del Congreso.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora – https://enelcallejon.webnode.es/ – Web Aliada
Arbeláez – Colombia. En un importante fallo, un juzgado de Montería ha determinado que el proceso legislativo para prohibir las corridas de toros en Colombia está viciado, según revela la Nueva Lidia. Este fallo protege los derechos constitucionales y otros principios del gremio taurino colombiano.
Un jurista especializado, consultado por este medio, afirmó que el juzgado ha señalado al Congreso de la República, en su Cámara de Representantes, que el trámite de la ley prohibicionista presenta un conflicto de competencias. «Esta ley tenía que haber pasado por la Comisión Primera de Cámara y fue remitida a la Comisión Sexta de Cámara, que no tiene nada que ver con el tema», explicó el Abogado. Además, añadió que «los que tienen la competencia de legislar sobre estos temas es la Comisión Primera Constitucional. No se hizo así, por lo tanto, el trámite de la ley está viciado».
El Tribunal Superior del Distrito de Montería, en su independencia de poder, ha indicado al Congreso que la ley no debió pasar por la Comisión Sexta, generando un conflicto de competencias y, como resultado, impidiendo que la ley avance hacia la sanción presidencial.
Históricamente, los grupos antitaurinos han presentado proyectos de ley prohibicionistas en diversas comisiones, enfrentando rechazos constantes. Sin embargo, fue en la Comisión Sexta donde este proyecto superó una instancia crucial, a pesar de que dicha comisión no tiene relación con el tema taurino.
Este fallo representa un revés significativo para los esfuerzos legislativos antitaurinos y subraya la importancia de seguir los procedimientos adecuados en el proceso legislativo.
